No a los Tratados de Libre Comercio

Este 18 de abril se han convocado en todo el país actos y manifestaciones con motivo del Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio (TTIP), protestas que desde CCOO hemos apoyado. Una jornada de movilización contra el TTIP que actualmente están negociando EEUU y la UE a espaldas de la ciudadanía, sin transparencia ni participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que de aprobarse tendría un grave impacto sobre el empleo, los derechos laborales y sociales, la democracia, el medio ambiente y los servicios públicos.

El objetivo de dicha TTIP es facilitar un mayor acceso mutuo a los mercados de contratación pública a todos los niveles administrativos (nacional, regional y local), y en el ámbito de los servicios públicos, para que se aplique a las actividades correspondientes de empresas que actúen en este ámbito, garantizando un trato no menos favorable que el otorgado a los proveedores establecidos a nivel local.

Esto supone que, aunque la decisión sobre la liberalización de servicios públicos sigue estando en manos de los gobiernos nacionales, regionales y locales, esta mayor competencia y los beneficios que implica para las partes pueden estimular a los gobiernos a liberalizar un mayor número de servicios que consideramos deben mantenerse en el ámbito público.

Entiendo que el TTIP debe incluir medidas y procedimientos verificables para combatir el fraude fiscal, erradicar los paraísos fiscales y para evitar la ingeniería contable que utilizan las Empresas Multinacionales (EMN) (especialmente las de Internet, como Apple o Microsoft) para eludir el pago de impuestos, denunciando pérdidas en países con sistemas tributarios más exigentes y declarándolos solo en otros, en los que tienen tratamientos más ventajosos y desde donde desvían el dinero a paraísos fiscales.

Uno de los grandes obstáculos para garantizar los derechos es la convivencia de dos sistemas muy diferentes en cuanto a la regulación y protección de los derechos laborales

Por ejemplo, además de la reiterada denuncia de que EEUU no ha ratificado Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, el de protección de la maternidad, trabajo infantil o el de libertad sindical, es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre todas las formas de discriminación de la mujer.

Aunque se ha conseguido mejorar la transparencia del procedimiento de negociación, sigue vigente la amenaza de que el TTIP vulnere la autonomía de los Estados a la hora de legislar y tomar decisiones políticas de interés público.

Utilizando el Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversiones y Estados (ISDS) que sitúa los derechos del capital y las empresas por encima del interés de trabajadores y ciudadanos, los inversores y las multinacionales pueden demandar a los Estados si consideran que alguna decisión democrática puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras.

Además de los riesgos económicos que plantea, es una figura que ya ha sido ampliada rechazada por organizaciones y ciudadanos europeos, según la consulta pública realizada por la Comisión Europea y por los Parlamentos de Francia,Alemania y Austria; y es un tribunal innecesario en un acuerdo entre dos áreas del mundo con plenas garantías legales y jurídicas para inversores y ciudadanos.

Otra figura que amenaza la soberanía democrática europea es el Consejo de Cooperación Reguladora que se encargaría de supervisar cualquier nueva legislación prevista, o de revisar la ya existente, para minimizar su impacto sobre el acuerdo bilateral. Permitiría a las empresas conocer y, en función de sus intereses, presionar a favor o en contra de cualquier propuesta legislativa, amenazando la soberanía legislativa.

La amenaza del ISDS no es una ficción, tenemos algunos casos como: Repsol demandó a Egipto por el perjuicio que le supuso la subida del salario mínimo de 50 a 55 euros; Philip-Morris ha demandado a Uruguay por 2.000 millones de dólares, por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco; Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo en el Amazonas por la contaminación de los acuíferos.